La obligación afecta, con carácter general, a los empresarios y profesionales obligados a expedir factura cuando el destinatario de la operación sea otro empresario o profesional establecido en España y la operación esté destinada a su sede, establecimiento permanente, domicilio o residencia habitual en España.
La normativa contempla determinadas excepciones y particularidades, como algunas operaciones documentadas mediante facturas simplificadas y actividades expresamente excluidas por su regulación específica.
La obligación se refiere a las relaciones comerciales entre empresas y profesionales, no a las facturas dirigidas a consumidores particulares en operaciones B2C.