
Regulación de la facturación electrónica en Emiratos Árabes Unidos: reforma aplazada a 2026–2027.
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La Ley Crea y Crece establece la obligatoriedad de la facturación electrónica para todas las empresas, sin excepción, tanto en la emisión como en la recepción de facturas. Esta transformación busca combatir la morosidad, mejorar la trazabilidad y transparencia de los pagos, y acelerar la digitalización empresarial.
El calendario normativo prevé la publicación de la orden ministerial entre abril y julio de 2026. Las grandes empresas serán las primeras en adaptarse, seguidas de pymes y autónomos, con un periodo de transición de 12 meses en el que se permitirá el uso de PDF bajo ciertas condiciones.
La integración con Hacienda será obligatoria a través de dos plataformas: una pública (Hacienda) y otra privada (como Generix). Todas las facturas deberán comunicarse al repositorio central de la Agencia Tributaria, siguiendo los estándares de Verifactu. El PDF dejará de ser considerado factura electrónica válida; solo serán aceptados los formatos estructurados definidos por la ley, que deberán incluir un código QR y cumplir requisitos fiscales específicos.
La adaptación a la nueva normativa implica una revisión profunda de los sistemas internos (ERP, TMS, etc.), la automatización de procesos y la superación de resistencias culturales. Persisten procesos manuales en muchas empresas, lo que genera errores, costes elevados y falta de información fiable. La automatización permite un retorno de inversión en menos de seis meses y aporta ventajas competitivas.
Es fundamental anticipar los proyectos de integración, ya que se prevé un cuello de botella por la limitada cantidad de proveedores tecnológicos especializados.
La ley introduce el Observatorio de la Morosidad, que controlará los plazos de pago a proveedores. Será obligatorio informar sobre el pago efectivo de cada factura y comunicar el rechazo de facturas en un plazo máximo de cuatro días. Estos cambios exigen adaptar los procesos internos y mejorar la trazabilidad de los pagos.
Aunque el grupo empresarial supere los 6 millones, cada sociedad se considera de forma individual. Si una sociedad factura menos de ese umbral, debe cumplir con la obligación de facturación electrónica según el calendario previsto para su tramo. Lo recomendable es que todas las sociedades del grupo se adapten cuanto antes para evitar complicaciones operativas y aprovechar sinergias en la gestión.
El PDF dejará de ser considerado factura electrónica válida. Solo serán aceptados los formatos estructurados definidos por la ley (como Facturae o XML). Durante la fase de transición (12 meses), se permitirá el PDF, pero deberá estar disponible en un repositorio público para consulta. Posteriormente, solo los formatos estructurados serán aceptados, lo que obliga a revisar y actualizar los sistemas de emisión y recepción de facturas.
El rechazo de una factura debe comunicarse a Hacienda en un plazo máximo de 4 días desde la decisión. Si no se comunica en ese plazo, la factura se considera aceptada por defecto. Esto implica adaptar los procesos internos para asegurar que los rechazos se gestionan y notifican de forma ágil y conforme a la normativa.
La obligación principal es informar del pago completo y efectivo de la factura, indicando el número y la fecha de pago. Aunque se pueden informar pagos parciales, lo obligatorio es comunicar el pago total. Esta trazabilidad busca combatir la morosidad y mejorar la transparencia en las relaciones comerciales.
No será necesario subir facturas de ejercicios anteriores. La obligación de informar y registrar facturas electrónicas aplica solo a las emitidas a partir de la entrada en vigor de la ley, lo que facilita la transición y evita sobrecargar a las empresas con tareas administrativas adicionales.
Muchas empresas aún no tienen capacidad de integrar automáticamente las facturas en su ERP. El cambio normativo obliga a avanzar en la automatización y a adaptar los sistemas internos para evitar la gestión manual y los errores asociados. Es recomendable iniciar cuanto antes los proyectos de integración y formación de equipos.
Será necesario revisar todos los sistemas y procesos internos, incluidos los sistemas legacy, para asegurar que cumplen con los nuevos requisitos. Habrá que involucrar a los equipos internos y, en muchos casos, cambiar la operatoria habitual para adaptarse a la ley.
La ley busca cambiar la cultura de pago en España, controlando los plazos de pago a proveedores a través del Observatorio de la Morosidad. La información sobre pagos será utilizada, por ejemplo, para la concesión de ayudas o fondos europeos, incentivando el cumplimiento y la transparencia.
La facturación electrónica bajo la Ley Crea y Crece y el estándar Verifactur es una oportunidad para transformar los procesos empresariales, optimizar recursos y ganar competitividad. La anticipación y la adaptación tecnológica serán claves para el éxito en este nuevo entorno regulatorio.
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